La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, confirmó que las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios serán las encargadas de ejercer, de manera ordinaria, las funciones que se les fueron asignadas en las Leyes 142 y 143 de 1994.

Así que el Consejo de Estado decretó “la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 ‘por medio del cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones’”.

El mandatario pretendía con esto, rebajar las tarifas, debido a que los precios de los servicios se han ido al alza en nueve empresas de energía, pese a que anteriormente había anunciado que las tarifas bajarían.

Entretanto, el Consejo de Estado recordó que el presidente tiene la facultad de generar las políticas de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.